CUARENTA AÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE LIMA.

“Quiero que la universidad se vuelque a sí misma, una vez más, para encontrarse nuevamente y para encontrar nuevos derroteros y nueva luz” (Harold Griffiths, 1977).

El cuarenta aniversario de una institución es una ocasión especial: nos ubica no ante expectativas sino ante el veredicto de las realizaciones. Es un momento para evaluar con valentía lo que hemos hecho de la organización. En el caso de la Universidad de Lima, los indicadores de éxito son visibles y una sensación de logro debe envolver, con justicia, a todos los que han participado y participan en el proyecto. Sin embargo, junto con las expresiones laudatorias del momento, la oportunidad es propicia para realizar un deseo que Harold Griffiths expresara al asumir el cargo de Vice Rector de la Universidad en octubre 1977 cuando dijo : “quiero que la universidad se vuelque a sí misma , una vez mas, para encontrarse nuevamente y buscar nuevos derroteros y nueva luz”. Esto implica preguntarnos: dónde estamos, es aquí donde planeamos llegar?. Apelando a mi larga afiliación con la institución y a un renovado compromiso con los ideales que la inspiraron me he permitido compartir estas reflexiones, a manera de testimonio de parte que pueda ayudar a todos los interesados en el presente y el futuro de la Universidad de Lima a tener un cuadro mas completo de la situación. Empezaré refiriéndome al ambiente existente durante la creación y evolución de la Universidad de Lima, a la misión original que se planteó, a algunos hitos importantes en su evolución, a lo que la última década ha representado para la Universidad y a algunos aspectos de la institución que debemos revisar si es que queremos que la Universidad continúe como una institución emprendedora y vital.

El ambiente general que se vivía a comienzos de los 60 se caracteriza por lo que ha sido llamado el “optimismo desarrollista”. Propio de este espíritu era un reconocimiento más consciente por parte de las élites intelectuales y políticas del subdesarrollo de los países y la decisión de superarlo; se ponía el énfasis en la educación, la industrialización y en reformas graduales; y había la esperanza de que aumentando la producción industrial se generaría el desarrollo económico, así como la igualdad social, la estabilidad política y la democracia constitucional. En el Perú, durante el gobierno de Prado, el Estado se abstenía de participar en la vida social y económica del país y respetaba y favorecía a la iniciativa privada y a la libre empresa. La economía, tradicionalmente basada en la agricultura y la minería, comenzaba a recibir el aporte de la industria y mostraba signos positivos de desarrollo; la inflación estaba bajo control y la tasa de cambio se mantuvo inalterable. Ese proceso de modernización exigía lideres orientados al desarrollo con nuevas actitudes, valores y destrezas, que las instituciones de educación superior no estaban en aptitud de proveer.

La oferta de educación superior presentaba problemas de cantidad, calidad y pertinencia. Las universidades existentes: San Marcos, San Agustín, San Antonio Abad del Cuzco, Nacional de Trujillo y Universidad Católica de Lima y las entonces Escuelas Agronomía y de Ingeniería no podían hacer frente a un número de candidatos cada vez mayor. La explosión demográfica, las mayores expectativas populares por educación, el número cada vez mayor de egresados de secundaria que querían continuar estudios superiores, la creciente industrialización y urbanización, una clase media que había emergido con considerable poder político, presionaban por una ampliación de la oferta educativa. A esto se agregaba la falta de pertinencia de los ofrecimientos curriculares pues a comienzos del 60 las universidades seguían dedicadas al cultivo de profesionales liberales rigiéndose por el modelo tradicional propio de la colonia. El panorama universitario se obscurecía con serios problemas de gobierno institucional. El movimiento de reforma universitaria de 1930-32 y 1946 había acabado con la universidad aristocrática deshaciendo los círculos que la habían dominado, pero no permitió la formación de una generación de docentes que asumiera el liderazgo de la Universidad reformada. Este vacío fue llenado por los partidos políticos. Cuando la extrema izquierda asumió el liderazgo, a fines de los sesenta, se había perdido totalmente no sólo los ideales de reforma sino también la idea de Universidad. De acuerdo a Chiappo , de torre de marfil la universidad había pasado a ser torre de alucinados y en palabras de Vargas Llosa, la universidad, en vez de acelerar el progreso del país, lo había retardado, favoreciendo de esa manera a los sectores mas reaccionarios .

La Universidad de Lima se gesta en ese contexto. El proyecto de creación fue aprobado por el gobierno de Prado en abril de 1962. Aparece junto con otras universidades privadas (Universidad Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico, Universidad Femenina del Sagrado corazón, Universidad San Martín de Porres), que surgen al amparo de la ley universitaria 13417. La Idea de la Universidad fue concebida por Antonio Pinilla quien convocaría después a algunos intelectuales y profesores universitarios como Carlos Cueto Fernandini, Francisco Miró Quesada, Héctor Velarde y Jorge Dellepiane Ocampo, y a empresarios como Gabriel Lanta, Ezio Piaggio, Isaac Lindley, Manuel Mujica Gallo, Jorge de las Casas y otros. Un paso decisivo fue la creación de la Asociación Civil PRODIES ( Promoción del Desarrollo Industrial a través de la Educación superior) pues de acuerdo a la ley vigente, una universidad privada sólo podría ser creada por una fundación o asociación sin fines de lucro que demostrara poseer los recursos económicos y académicos necesarios. El Directorio de esta Asociación constituiría , después, el Consejo Económico, primer órgano de gobierno de la Universidad.

Pinilla estaba convencido de que la mejor manera de introducir cambios en la educación superior era creando una nueva organización donde las restricciones del pasado fueran mínimas y donde no tuviera que enfrentarse con la rigidez de la estructura organizativa ni con una cultura organizacional reacia al cambio; consecuente con eso, se empeñó en crear una universidad diferente que ofreciera las nuevas especialidades que el desarrollo del país iba a requerir, que estuviera fuertemente comprometida con la investigación y que se apartara de los vicios que aquejaban a la universidad pública del momento; una universidad al servicio del país que, mas allá de formar en las profesiones liberales tradicionales, formara recursos humanos con las capacidades emprendedoras requeridas por el desarrollo nacional y que operara como una auténtica comunidad universitaria donde el respeto recíproco entre profesores y alumnos fuera la norma y donde el avance del conocimiento y su difusión no sufriera restricciones por presiones de ninguna índole.

La capacidad de Antonio Pinilla para esbozar la filosofía institucional, para transmitirla a diferentes públicos; sus habilidades para lograr identificación y compromiso por parte de sus colaboradores y las técnicas que aplicó para ganar apoyo y eliminar resistencia fueron notables; ellas marcaron el desarrollo de la Universidad en sus primeras etapas. El modelo inicial sin embargo no se implementó a cabalidad. Una serie de factores externos e internos obligaron a modificarlo.

En 1968 Belaunde fue derrocado por Velasco Alvarado. El gobierno Revolucionario de la Fuerza armada, adhiriéndose a la teoría de la dependencia, pretendía hacer cambios revolucionarios en todas las esferas de la vida social, incluido el sector educativo. Ese mismo año fallece Carlos Cueto Fernandini y la Universidad se ve privada del liderazgo académico que él venía brindando desde el inicio como Vice Rector y como Presidente del Comité de curriculum. En 1969 se promulga el Decreto Ley No 17437 que transformó a la universidad peruana en un esfuerzo por modernizarla. Este Decreto abolió las facultades que habían sido establecidas desde comienzos de la república y las sustituyo por Programas; reemplazó la cátedra por los Departamentos académicos como unidades académicas básicas; introdujo un programa de Estudios Generales de cuatro semestres de duración, en un intento de posponer la estrecha especialización profesional; introdujo también la idea de coordinación considerando a todas las universidades peruanas como integrantes de un sistema de educación superior y les asignó la responsabilidad de contribuir al desarrollo social, económico, cultural y político del país. También centralizó los servicios administrativos de cada universidad y reorganizo los órganos de gobierno a fin de robustecer el poder del rector y reducir el de los estudiantes.

Aprovechando que, por mandato de la ley, la Universidad debía reorganizarse Pinilla introdujo una serie de cambios adicionales en su estructura académica que se tradujeron en la diversificación de los programas que venía ofreciendo. La Facultad de Artes y Ciencias desapareció como tal. Sus dos primeros años con algunas modificaciones se convirtieron en el Programa de Estudios Generales y los otros dos sirvieron de base a programas profesionales en Ciencias Administrativas, en Economía, en Contabilidad. Se agregó también un programa de Administración de la Educación y un programa en Comunicaciones. La Facultad de Ciencias sociales y Económicas que ofrecía un programa de post grado se convirtió en el Programa de Perfeccionamiento en Administración que daba grados de master pero que, por disposición de la ley, debía funcionar sólo hasta que los alumnos ya matriculados se graduaran. En 1972 se agregarían los programas de Metalurgia y Siderurgia, de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Industrial.

Mientras la Universidad de Lima, al igual que muchas de las universidades privadas del país, no tuvieron mayores problemas en adecuarse a las nuevas disposiciones legales, las universidades nacionales encararon dificultades muy serias lo que las llevó a asumir una fuerte oposición. Esto indujo al Gobierno Militar a elaborar una nueva ley universitaria como parte integrante de la Ley General de Educación . Esta se promulga en 1972 (D.L. 19326) . Este decreto establecía que la educación superior consistiría de tres ciclos: el primero correspondía las escuelas superiores profesionales que ofrecían estudios conducentes a un bachillerato profesional (ESEPs); el segundo correspondía a las universidades y terminaría en una licenciatura y en el grado de master y en el tercer nivel vendría el Instituto Nacional de Educación superior que conferiría grados de doctor. Establecía la participación estudiantil a todos los niveles de gobierno de la institución así como la participación de los trabajadores no docentes. La estructura académica fue objeto de algunas disposiciones que no resultaban muy claras, dejándose la puerta abierta para un número de estructuras alternativas. La reglamentación del D.L. 19326 en lo relativo a las Universidades le fue confiada a la misma comunidad universitaria la que debió elegir una Comisión Estatutaria Nacional para que redactara el Estatuto. Este intento se frustró. En vez de diseñar un esquema que permitiera a las universidades gobernarse a sí mismas, los representantes de ultra izquierda se dedicaron a descubrir intenciones ocultas en la ley. Fracasado el intento de elaborar su propio Estatuto, las universidades vivieron largos años de indecisión esperando soluciones legales que el gobierno no pudo dar. Una disposición transitoria de la misma ley disponía que las autoridades universitarias debían permanecer en el cargo hasta ser reemplazadas por las nuevas. Esta situación, que no debía exceder un plazo de seis meses, se prolongó por cerca de cinco años poniendo a las universidades al borde del colapso; el D.L. 19326 no se aplicaba en el nivel universitario por no tener un Estatuto que lo reglamente por lo que las universidades debieron regirse por el Estatuto del D.L.17437 ya derogado.

La situación de incertidumbre legal se prolongó por mas de diez años. La larga permanencia de los rectores en sus cargos tuvo diferentes efectos en las universidades del país . En algunas universidades privadas esta continuidad permitió a las autoridades estabilizarse, replantear los objetivos institucionales a la luz de las nueva circunstancias y dar pasos decisivos hacia su logro; en otras, dio lugar a episodios de conflicto y anarquía. En la Universidad de Lima, un efecto concreto fue la concentración del poder en manos del Rector, circunstancia que, si bien favoreció el desarrollo de sus proyectos, no propició la creación de una cultura de participación docente ni una estructura adecuada para canalizar esta participación.

Aunque la Universidad de Lima asumió un rol crítico frente a la política educativa del gobierno revolucionario, el D.L.17437, cuyo Estatuto siguió vigente, no impidió la expansión y desarrollo de la institución. El Decreto respondía a un modelo modernizante, que buscaba altos estándares académicos e incluía muchos de los elementos que la Universidad de Lima quería institucionalizar, tales como el rol de la universidad en el desarrollo nacional, la modernización de estructuras universitarias, la preocupación por la educación general de sus estudiantes, la introducción del departamento como la unidad académica básica, el esquema de organización semestral y el sistema de unidades de crédito. Por otra parte, el Consejo Nacional de la Universidad Peruana, CONUP, el nuevo organismo nacional de coordinación y gobierno creado por el mismo D.L. 17437, muy criticado por reducir la autonomía académica y administrativa de las universidades, resultó ser una influencia positiva a la Universidad de Lima pues proveyó el control que el Consejo Económico , órgano de gobierno de la Universidad, ya no podía brindarle.

En 1975 se reorganiza CONUP y se le reducen sus facultades normativas y de intervención directa en las universidades; en 1977, aunque no se promulgó una nueva ley universitaria ni se replanteó la política de educación superior, el Gobierno dispuso elecciones de autoridades en todas las universidades del país. Esta medida, si bien introdujo un elemento de orden en la educación superior al permitir contar con autoridades legítimas, no resolvió los problemas universitarios. La políticas universitarias claras que el gobierno debió formular se hicieron esperar por mas de siete años.

La década del 80, que se inicia con una nueva Constitución y la vuelta al régimen democrático, encontró a la educación superior peruana en serios problemas. La universidad estaba en caos, cualquiera que fuera la perspectiva desde donde se le mirara. El fracaso de la reforma integral de la educación que se había tratado de llevar a cabo con el D.L. 19326 había resultado en la perdida de calidad de los postulantes. La falla en implementar las Escuelas Superiores Profesionales (ESEPs) se tradujo en un excesivo numero de candidatos que las universidades no podían atender. Cada año las universidades públicas y privadas rechazaban a un 76 por ciento de postulantes. Mientras la demanda crecía, la oferta permanecía inalterable. Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas no se estimuló la creación de nuevas universidades.

Esta misma década, conocida por los científicos sociales como la década perdida, fue especialmente difícil para el país dadas la violencia terrorista y la crisis económica. En los últimos años de los 80 la agudización de la crisis económica obligó a las universidades a adoptar fuertes medidas de austeridad que, prácticamente, la limitaban a sobrevivir. Igualmente, la profundización de la violencia obligaba a tomar medidas de seguridad que cambiaron considerablemente el clima institucional. En este ambiente, las universidades actuaban como barcos navegando en mares procelosos, sin rumbo definido, sin brújula, sin cartas de navegación y sin hacer nada por evitar su hundimiento. Mientras tanto, la Universidad de Lima, ya con Ilse Wisotzki en el rectorado, seguía creciendo y ganaba un espacio considerable en el escenario nacional.

El 17 de diciembre de 1983 se dio la ley 23733 que las universidades habían venido esperando desde comienzos de los 70. Esta norma eliminó los Programas Académicos y dispuso la vuelta al sistema de Facultades . Impuso también una estructura de gobierno que incluía la participación de alumnos, graduados, profesores y autoridades en todas las universidades . Esta es la estructura de gobierno que, con pequeñas modificaciones rige hasta ahora..

La década de los noventa significo nuevos desafíos. Cambios mundiales en lo político, económico, cultural y tecnológico configuran una nueva realidad caracterizada por el triunfo de la economía de mercado, la globalización, y el creciente desarrollo de las tecnologías de comunicación e informática. Estos procesos generaban tensiones y planteaban nuevas exigencias educativas. La educación adquirió así una renovada importancia . La Comisión Delors nombrada por la UNESCO la veía como la “utopía necesaria”, y organismos regionales como la CEPAL proponían replantear la misión de la universidad, esperándose que atienda los nuevos requerimientos sociales los que equivalen a garantizar la transformación productiva con equidad. En el Perú, esta década correspondió al gobierno de Fujimori y a su programa neoliberal que significó privatizaciones, cambio de rol del Estado en materia educativa y el intento de trasladar al mercado áreas que antes habían sido responsabilidad del Estado. En la práctica dejó a la educación superior a la iniciativa privada. En las universidades nacionales, muchas de ellas, en situación caótica, dominadas por grupos extremistas, se limitó a imponer el orden disponiendo que destacamentos de soldados asuman el control del campus y en muchos casos, nombrando comisiones de reorganización que asumieron todas las atribuciones de gobierno.

La Universidad de Lima llegó a su trigésimo aniversario en 1992 con problemas inéditos. La comunidad académica inicial había sido reemplazada por número de Facultades autónomas, cada una de las cuales pugnaba por promover sus propios intereses lo que se traducía en duplicidad de gastos, despilfarro y crecimiento inorgánico. Se requeriría un liderazgo que asumiera nuevas tareas, entre ellas, redefinir la misión de la Universidad a la luz de las exigencias del momento, generar identidad institucional y cohesión entre sus diversos grupos constitutivos, revisar su estructura de gobierno a fin de no perder la vista a la institución como un todo y aparear la autoridad con la debida responsabilidad. Para entonces, la política de contratación, nombramiento y separación de profesores y los reglamentos eleccionarios habían reducido considerablemente la masa critica de profesores de entre los cuales hubiera podido elegirse al líder que la institución necesitaba.

Coincidentemente, en estos años no hubo mayores avances en cuestiones de política educativa al nivel universitario salvo la dación en 1996 del Decreto legislativo No. 882 y, dos años después, su reglamento. Este Decreto, que pretendía establecer condiciones y garantías para promover la inversión privada en servicios educativos, con la finalidad de "contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura" era aplicable a todas las Instituciones Educativas Particulares, inclusive a las universidades. Normó el derecho a la libre iniciativa privada para realizar actividades en la educación el mismo que incluye el derecho de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa. Reconoció el derecho a adquirir y transferir la propiedad sobre éstas, así como la responsabilidad del propietario en la conducción de la institución y en el logro de los objetivos educacionales. Estableció que las instituciones educativas particulares debían organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y el régimen societario incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa individual de responsabilidad limitada y empresa unipersonal y ubicó a las Instituciones Educativas Particulares en el Régimen General del Impuesto a la Renta. Dispuso también que podían adecuarse a ese dispositivo no sólo las universidades recientemente creadas como empresas de servicios educativos sino las creadas abajo el imperio de la ley 13417, como era el caso de la Universidad de Lima. Con esto se les dio la oportunidad de reconstruir sus órganos de gobierno originales, lo que implicaba que los fundadores recuperaran el derecho a gobernarla.

La Asociación Civil PRODIES, promotora de la Universidad, inactiva desde la primera ley universitaria de Velasco Alvarado, no hizo uso de esta posibilidad. Habían desaparecido los miembros mas comprometidos: Gabriel Lanata, Isaac Lindley, Manuel Mujica Gallo, Santiago Gerbolini, Antonio D´Onofrio. Las personas jurídicas que la integraban se habían fusionado y muchas habían dejado de existir. Antonio Pinilla, postrado por una severa enfermedad, ya no podía ser el motor que la articulara y le diera dinamismo. La Universidad siguió rigiéndose por la ley 17437; es, por tanto, una entidad privada, sin fines de lucro y sin dueños. De acuerdo a sus Estatutos, está constituida por docentes, estudiantes y graduados quienes intervienen en el gobierno institucional a través de representantes elegidos por ellos. El personal administrativo y de servicios colabora como elemento de apoyo. La infraestructura y demás bienes son propiedad de la misma Universidad. .

Al cumplir los cuarenta años en el 2002, la Universidad de Lima, se encuentra en una situación expectante. Los que venimos observando su desenvolvimiento desde sus orígenes vemos amortiguado el sentimiento de triunfo propio de las primeras décadas. No sólo porque nuestros criterios de evaluación se han hecho más estrictos sino porque vemos más cerca el peligro de la sustitución de los fines por los medios.

Un estudio realizado en 1985 sugería que a muy poco de celebrar los 20 años de existencia, la Universidad de Lima podría ser considerada exitosa en su proceso de institucionalización. Era una entidad libre de actividades políticas partidaristas donde las relaciones entre profesores y alumnos eran positivas. Se le veía como una universidad donde las autoridades administraban, los profesores enseñaban y los alumnos estudiaban, que buscaba el desarrollo integral del alumno como persona y que estaba orientada básicamente hacia la formación de profesionales para la administración de empresas. Era económicamente independiente y autofinanciada. Para 1980 los valores y prácticas de la universidad habían sido aceptados por sus grupos constitutivos; los profesores se manifestaban orgullosos de trabajar en ella. Por otro lado, la Universidad de Lima había sido capaz de ganarse un lugar en el mundo de la educación universitaria, mostrando que era posible crear en el país una institución académica libre de compromisos políticos, con espíritu de disciplina y mutuo respeto entre profesores y estudiantes. El estudio mostraba , sin embargo, que los mismos factores que habían determinado el éxito de la universidad eran, precisamente, los que había que cambiar para asegurar un desarrollo saludable. Preocupaba entonces la erosión de la comunidad académica, los esquemas de gobierno y la pertinencia de sus ofrecimientos curriculares . El gran problema que se advertía tenía que ver con la forma cómo se ejercía el poder. La eliminación de un organismo externo de control, como lo fue el Consejo Económico; el desmantelamiento del CONUP, el incremento del poder en manos del Rectorado, la falta de cultura participativa entre sus miembros, señalaban como peligro la posibilidad de que la universidad fuera capturada por un grupo interesado en retener el poder y usarlo en su propio beneficio.

A veinte años de realizado ese estudio sentimos que nuestros temores no eran infundados. La estructura de gobierno que Pinilla introdujo, inspirada en el modelo americano, intentaba librar a alumnos y profesores de participar en el manejo institucional a fin de evitar los excesos a que la extrema politización había llegado en las universidades nacionales. El gobierno de la institución estaría en manos de un organismo que a manera de Board of Trustees estaría integrado por personas ajenas a la universidad y que buscarían lo mejor para la Universidad y la sociedad. El modelo no llegó a consolidarse y fue desactivado por el D.L. 17 4 37 lo que incrementó los poderes del Rector. Esto, sin embargo, quedó amortiguado por la labor de coordinación y supervisión que el CONUP representaba. Al desaparecer CONUP el gobierno de la institución quedó en manos de sus propios miembros y debió regirse por la ley universitaria 23733. La estructura de gobierno que esta ley impuso se basaba en la participación de alumnos, graduados profesores y autoridades en el gobierno de la Universidad, pero lograr la participación de todos y a la vez obtener resultados fue mas difícil de lo que parecía. El modelo se aplicó sólo en la forma recurriéndose a lo que se ha llamado “la simulación democrática”. Bajo la apariencia de un gobierno democrático basado en la participación de profesores, alumnos y graduados se impuso una peculiar oligarquía que actuaba al margen de cualquier control efectivo.

Como consecuencia, se exacerbó el autoritarismo creándose un clima de inestabilidad y de temor que sólo propiciaba sumisión. Este estilo autoritario se difundió a todos los niveles de la administración universitaria, de modo que profesores y personal administrativo tenían que complacer a los que ejercían el poder a niveles más bajos de la jerarquía, bajo pena de ser separados de la universidad. Se empezó a usar una serie de tácticas para sancionar a quien se atreviera a pensar por sí mismo, a quien osara “hacer sombra” a los que estaban arriba. Por otro lado, se consideraba como enemigos y traidores a quienes aspiraran llegar al poder presentando candidaturas para diferentes cargos. Esto desalentó todo esfuerzo por participar de tal modo que las últimas elecciones se llevaron a cabo con candidato único.

Un aspecto que quedó relegado, sin merecer suficiente atención es el de la filosofía o doctrina, variable esencial en toda institución de calidad. La filosofía es una síntesis de los valores e ideales que los fundadores intentan que la organización simbolice y es esencial para lograr identidad, compromiso, lealtad por parte de sus miembros. Sin una filosofía clara, la conducta de la institución es errática, lista para seguir lo que está de moda.

Relacionados con la filosofía institucional están la misión, la visión y la cultura organizacional. La misión es la principal razón de existir de la universidad, tiene que ver con la función que cumple y con la filosofía básica; nos obliga a preguntarnos a quien servimos, qué hacemos por ellos. La visión nos dice cómo queremos vernos, qué queremos que digan de nosotros en el futuro si es que hemos hecho un buen trabajo. La visión debe ser compartida por toda la comunidad para que podamos medir lo que se hace o no se hace. Los cambios dramáticos que al nivel nacional e internacional encara la sociedad al comenzar el siglo XXI obligan a la Universidad a replantear su misión, sus políticas, sus estrategias, sus programas. Se espera, nada menos, que ayude al país a insertarse en la sociedad global y lo prepare para la competitividad, que prepare a los alumnos no sólo para que se inserten en el mundo del trabajo sino para que puedan convivir en una sociedad democrática e influir en ella. Para todo esto se requiere una cultura que promueva el cambio y que estimule el aprendizaje de todos y cada uno de sus miembros y de la organización como un todo.

Como hemos afirmado en otro trabajo , el gobierno universitario no es sólo un problema de estructura sino de cultura. No basta que la ley modifique los órganos de gobierno o los mecanismos de elección. Es necesario que sus diferentes grupos constitutivos internalicen y compartan una serie de valores académicos que han caracterizado a la universidad a través de los tiempos; así como valores y estilos característicos de una cultura organizacional sana, lo que implica transparencia, apertura, flexibilidad, disposición al diálogo, trabajo en equipo .

La cultura organizacional son formas compartidas de ver las cosas; cierta información, creencias, actitudes y valores que los miembros de una organización comparten. La cultura organizacional es lo que determina el comportamiento de sus miembros y puede ser lo que explica el éxito o el fracaso de la organización. Aunque muchos teóricos hablan de la universidad como una “organización sueltamente apareada” donde lo que ocurre en la oficina de las autoridades no tiene nada que ver con lo que ocurre en las clases , en nuestro caso esta idea no se aplica. La universidad es un sistema, donde todo influye en todo. Si sus autoridades no están orientadas al logro de los altos fines que la universidad se traza, si en vez de cumplir su parte, aprovechan el poder para sus propios fines, si desalientan el esfuerzo de profesores, si los desmotivan sancionando la originalidad, penando el sentido crítico, aplastando la tolerancia, imponiendo la arbitrariedad y el abuso, los resultados que se logra, no serán sin duda lo que dice el catálogo institucional. Un clima de inseguridad, de miedo, de ansiedad y frustración absorberá lo mejor de las energías espirituales e intelectuales de sus miembros sin dejar tiempo ni interés para ofrecer una educación de primera. En estas condiciones, la participación estudiantil que podía funcionar como experiencia educativa necesaria para la formación de líderes puede resultar totalmente desvirtuada .

Como decía Antonio Pinilla, citando a un gran líder universitario de USA, la Universidad no se mide por la altura de sus edificios ni por la cuantía de sus presupuestos sino por la calidad y manera de ser de sus profesores y alumnos.

Una pregunta que nos formulamos una y otra vez es ¿puede una institución llegar a influir en el ambiente y propiciar cambios en él, o necesariamente termina siendo modelada o influida por ese ambiente?. A comienzos del 60, cuando adquirimos conciencia del subdesarrollo, estábamos seguros de que sí era posible influir en la sociedad a través de una universidad diferente. Eso es lo que se quiso hacer con la Universidad de Lima. En la actualidad, parecería que en vez de crear una universidad que transforme la sociedad, hemos reproducido sus males. En forma consciente o inconsciente se ha difundido en el ámbito institucional el estilo de gobierno que a nivel nacional hemos padecido por diez años.

A manera de respuesta tentativa a la pregunta anterior me atrevo a afirmar que la institución puede generar cambios, siempre que quienes la conducen hayan experimentado ellos mismos cambios en su estructura mental y hayan asumido los valores que se quiere transmitir. Si esto no se da, la ley, las estructuras administrativas, los cargos, los títulos, lo que se declara en la prensa, lo que se dice en los discursos, nada de eso puede tomarse en serio; sólo será la pantalla tras la que se esconden apetitos, complejos y traumas. Lo están demostrando así muchos de los políticos locales, regionales y nacionales. La solución tiene que partir de un análisis profundo de la situación, de una toma de conciencia del destino que aguarda a la institución si no se adoptan las medidas correctivas más urgentes, de un compromiso personal con el cambio.

Al cumplir 40 años en y para la universidad, me permito proponer que imaginemos escenarios para el futuro, que nos preguntemos por un momento dónde queremos estar dentro de diez años como Universidad y nos encaminemos en esa dirección. Tengamos el coraje de admitir que podemos haber extraviado el camino pero que podemos retomarlo. No pongamos todas nuestras esperanzas institucionales en los edificios e instalaciones, pongámoslas en nuestra capacidad de extraer lo mejor de nosotros mismos y de ayudar a los alumnos y a la comunidad a tener un futuro mejor.

Los desafíos que la Universidad debe encarar son muchos. Uno de ellos se deriva del ambiente altamente competitivo en que debe operar. En efecto, debe competir no sólo con sus contrapartes nacionales en número cada vez mas grande sino con organizaciones lucrativas de todo tipo que cruzan fronteras y comercializan servicios de educación superior a un volumen no imaginado. Ninguna universidad podrá subsistir por mucho tiempo si no hace un esfuerzo por equiparse con el talento humano necesario para su compleja misión, si no incrementa su capacidad de aprender. Esto requiere un esquema de gobierno que garantice la calidad, la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la responsabilidad y la transparencia; un gobierno ágil, responsable, abierto y una gestión que, sin desnaturalizar la esencia de la institución, le permita el logro de sus objetivos. Sobre todo, un gobierno que favorezca la transformación de la Universidad en una organización inteligente y que permita la participación de alumnos y profesores en el gobierno institucional, en áreas y niveles compatibles con sus intereses y capacidades y teniendo en cuenta su responsabilidad frente a la sociedad.

El cuarenta aniversario, entonces, debe ser una ocasión no sólo para comentarios elogiosos sino para una autoevaluación, para reconocer fallas y enmendar errores. Es hora de superar mecanismos de defensa y condicionamientos que no nos permiten mirar mas allá de nuestros pequeños intereses personales. Es preciso recordar siempre que la Universidad no fue creada para garantizar los intereses particulares de los profesores o del grupo de que la maneja, sino para el bien común. No es propiedad de ninguna persona o grupo en particular, lo que nos hace a todos responsables.

Lo que se necesita, creo yo, es nada menos que un proceso de conversión. No es poca cosa, pero lo considero posible. En esta ocasión resultan oportunas unas palabras que Carlos Cueto, pronunciara en un discurso de orden. Surgieron de los problemas que encaraba la Universidad de San Marcos en 1947 pero estoy segura que al gran maestro y primer Vice Rector de la Universidad de Lima no le importará la interpretación libre que hago de ellas, ni su transposición a nuestra realidad pues las considero necesaria fuente de inspiración en esta encrucijada. Decía el maestro:

“si se me preguntara si creo que es posible que la universidad en el Perú se levante tal como un grupo numeroso de universitarios la quiere el día de hoy y si se me llamara la atención acerca de las pesadas dificultades que es necesario remover y se me indicara el largo camino que está por delante todavía sin hollar, yo, fundándome en el grupo de mentes honradas que conozco y que actualmente trabajan libremente en esta Universidad, contestaría fríamente que sí, que es posible”.

Lima, Marzo 2002.